Propusieron también múltiples cambios a la medida para garantizar un proceso electoral organizado y transparente
La Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales comenzó ayer, miércoles, un proceso de vistas públicas para atender múltiples medidas que proponen enmiendas a la Ley 58-2020 del Código Electoral de Puerto Rico.
La discusión sobre el estatuto aprobado durante el pasado cuatrienio, considerados en la medida sustitutiva a los Proyectos de la Cámara 4 y 114, y en el Proyecto del Senado 909, inició con la participación de los comisionados electorales del Proyecto Dignidad, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
“Desde enero del 2021, esta Comisión comenzó el estudio sobre el impacto de la Ley 58-2020. De hecho, tuvimos varias vistas públicas en torno a lo que sucedió tanto en las primarias como en las elecciones del 2020. El pueblo sabe, que durante esos eventos, ocurrieron anomalías e irregularidades. Lo que queremos hacer con estas enmiendas al Código es evitar que ocurran nuevamente, y que el pueblo vuelva a tener confianza en el organismo electoral”, expresó en su turno inicial el presidente de la Comisión, José “Conny” Varela.
El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez, posteriormente, realizó una alocución denunciando los alegados daños que ha generado la Ley 58 en el balance institucional de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Rosario Rodríguez, quien es abogado de profesión, destacó que el Proyecto Dignidad necesita estar representado en las juntas de las divisiones de la CEE, “así como lo están el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). El Código Electoral vigente beneficia a los dos partidos mayoritarios”, anotó.
“La formalidad jurídica que permite este trato discriminatorio e injusto son los conceptos cobijados en ley: ´partido principal´ y ´comisionado electoral propietario´. En el actual Código Electoral, se hacen esas dos distinciones que tiene el efecto de privilegiar y beneficiar al PNP y el PPD sin ninguna razón válida”, sentenció.
A su vez, Rosario Rodríguez expresó que para “superar el desbalance electoral”, se tiene que reconocer el derecho de Proyecto Dignidad a nombrar sus representantes en las Juntas de Balance Institucional con plenos derechos y prerrogativas como lo gozan el PNP y el PPD. Es necesario que se eliminen de jure y de facto las clasificaciones de “partido estatal principal” y de “comisionados propietarios””.
En un segundo turno, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, comenzó su ponencia destacando que “el Código Electoral actual es malo para el país”.
Aponte Dones señaló que el Código Electoral del 2020 “otorga el poder decisional exclusivamente a un solo partido, el que esté en el poder ejecutivo, trastocando así el balance de poderes que antiguamente prevalecía en la CEE. Además, se alteran negativamente todas las prácticas de consenso a la hora de aprobar medidas que impactan el funcionamiento de esta vital instancia gubernamental”.
“En el código actual se establece un precedente muy peligroso que se aparta del modelo vigente en la mayoría de los sistemas electorales del mundo: la existencia de partidos políticos de primera clase (los dos con más votos íntegros) y de segunda clase (el resto)”, expresó. El MVC trajo a la mesa diez asuntos “que darían paso a una genuina reforma electoral verdaderamente democrática”.
Aponte Dones expresó que MVC rechaza el Proyecto del Senado 909 aprobado en el Senado. Al mismo tiempo, expresó apoyo al Proyecto Sustitutivo considerado por la Cámara.
Por otra parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos destacó la necesidad de “establecer los requisitos de inscripción y retención de una franquicia electoral y su participación en igualdad de condiciones en la CEE sin distinción ni clasificación alguna”.
En sintonía, los tres partidos de minorías expresaron la necesidad de aclarar en la medida sustitutiva la participación de todos los partidos en las siguientes divisiones de la CEE: Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), Centro de Operaciones Electorales, Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), Planificación Geoelectoral, Centro Estatal de Servicios Integrado al Elector (CESI), Juntas de Inscripción Permanente (JIP), y las Juntas de Inscripción Temporera (JIT).Igualmente, coincidieron en que la CEE tiene que retomar la inscripción en las escuelas y centros universitarios del país, acciones que la Comisión ha abandonado.
Luego, en un turno de preguntas, el representante del MVC, José B. Márquez Reyes puntualizó la necesidad de atender el balance electoral en el estatuto actual. También destacó como necesario “lograr recobrar la confianza de la Comisión Estatal de Elecciones”.
Al mismo tiempo, el representante Jesús Santa Rodríguez mencionó estar a favor con la propuesta de los partidos minoritarios de abrir a elecciones abiertas ante vacantes en alcaldías y distritos legislativos. Por su parte, la representante del Proyecto Dignidad realizó cuestionamientos a los deponentes sobre la función actual de las divisiones de la CEE.
Posteriormente, el representante popular, Jesús Manuel Ortiz González consumió su turno y expresó que “el Código Electoral vigente dista mucho de lo que ha sido nuestro sistema democrático. Ese Código, le hizo un gran daño a nuestra única institución que gozaba de una credibilidad absoluta. No eran muchos los contratiempos y señalamientos que se producían sobre el proceso eleccionario…El proyecto que aprobemos debe ser de consenso entre todas las partes…Nuestro norte tiene que ser mejor lo que hay, lo que no funcionado”.
